Sortearon a 9.062 cordobeses para que sean jurados populares

Córdoba. Un total de 9.062 ciudadanos fueron sorteados para integrar el padrón general de jurados populares para los juicios penales que, bajo esa modalidad, tengan lugar en Córdoba durante 2015. 

La ceremonia se celebró este mediodía en la Sala de Audiencias del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ), y fue presidida por la jueza Electoral de la provincia, Marta Vidal, según informaron fuentes judiciales. 

Para dar cumplimiento a la Ley 9182, que regula los juicios por jurados en la provincia, fue sorteado un jurado por cada 750 electores para la primera de las diez circunscripciones judiciales con las que cuenta Córdoba (capital). 

Asimismo, para las restantes circunscripciones, fue sorteado un jurado por cada 250 electores, con la excepción de las circunscripciones sexta (Villa Dolores), octava (Laboulaye) y novena (Deán Funes), en las que se sorteó un jurado por cada cien 100 electores. 

De acuerdo con lo informado, durante las próximas semanas, las personas sorteadas recibirán por correspondencia un sobre cerrado que contendrá una carta de presentación, "en la que se les explicará los motivos de la convocatoria, los requisitos que deben reunir para poder ejercer dicha función, las incompatibilidades e inhabilidades, sus obligaciones y el rol que deberán cumplir durante el juicio". 

Asimismo, a los sorteados se les enviará una declaración jurada acompañada de un sobre con franqueo pago, para que, una vez completada, sea devuelta a la Oficina de Jurados Populares del TSJ, para que ésta confeccione los padrones definitivos. 

La Ley 9182, que fue sancionada hace diez años, establece que los delitos económicos, los hechos de corrupción y los "crímenes aberrantes” deben ser juzgados, obligatoriamente, por un tribunal integrado por tres jueces técnicos (vocales de Cámaras del Crimen) y ocho jurados populares. 

Los jurados deciden, junto a los magistrados, sobre la existencia del hecho delictivo y sobre la responsabilidad penal del imputado, pero no intervienen en las cuestiones de índole estrictamente jurídica, como la calificación legal del hecho y la determinación del monto de la pena, que son decididas por los jueces técnicos. 

Si bien la función es una carga publica, las personas convocadas reciben por parte del Estado provincial un monto determinado por día que dure el debate del juicio oral, como así también los viáticos correspondientes, precisaron las mismas fuentes judiciales.