Complejo Esperanza: "Constatamos que nada cambió, entonces, recurrimos a la Justicia
Legisladores destacaron la importancia de un habeas corpus planteado a favor de menores en conflicto con la ley penal
Córdoba.- Legisladores opositores destacaron la importancia de haber planteado ante la Justicia un hábeas corpus colectivo correctivo a favor de todos los menores en conflicto con la ley penal alojados en un complejo, por entender que el gobierno de José Manuel de la Sota no hace nada para mejorar las condiciones del establecimiento.
"Habiendo agotado todas las instancias, pedidos de informe, resoluciones y visitas al establecimiento, constatamos que nada cambió. Entonces, recurrimos a la Justicia", aseguró a la prensa la legisladora Liliana Montero (Frente Cívico y Social, FCyS).
La parlamentaria, quien ayer formalizó la presentación ante el Juzgado en lo Penal Juvenil de turno junto a sus pares Santiago Clavijo y Marta Juárez (FCyS) y el socialista Roberto Birri, insistió: "queremos que la Justicia ordene al Poder Ejecutivo que cumpla y que dé al centro las finalidades que debe tener".
Montero dijo que, en las dos visitas efectuadas al Centro Socioeducativo Complejo Esperanza, en la localidad de Bower (a 12 kilómetros de la capital cordobesa), pudo constatar que "las condiciones edilicias y los recursos humanos son deficientes".
"Es abominable transitar por ese instituto. Los chicos pasan encerrados 20 horas en celdas de cuatro por cuatro, sin ninguna actividad laboral ni educativa que les permita pensar que de allí saldrán mejor de lo que entraron", remarcó la legisladora.
Montero demandó "una fuerte intervención del estado provincial", porque, durante las visitas, "los menores sólo manifestaban que, de dicho centro, salían peor de lo que entraban, y que sólo aprendían que la próxima vez no debían ser atrapados".
El hábeas corpus correctivo, con carácter colectivo (para abarcar a todos los jóvenes alojados), es una acción judicial que tiene por fin proteger los derechos constitucionales cuando se ven vulnerados como consecuencia de las malas condiciones de internación o alojamiento de personas privadas de su libertad.
El complejo, que depende de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia (Senaf), dispone de cinco módulos, donde se encuentran alojados chicos de entre 13 y 18 años, a disposición de los juzgados de Menores y en lo Penal Juvenil.
El sábado pasado a la noche, siete adolescentes de entre 17 y 18 años que estaban alojados en el complejo se escaparon del establecimiento tras romper unas rejas durante el horario de visitas, y hasta el momento sólo uno de ellos fue localizado y aprehendido, pese a la intensa búsqueda policial.
"Habiendo agotado todas las instancias, pedidos de informe, resoluciones y visitas al establecimiento, constatamos que nada cambió. Entonces, recurrimos a la Justicia", aseguró a la prensa la legisladora Liliana Montero (Frente Cívico y Social, FCyS).
La parlamentaria, quien ayer formalizó la presentación ante el Juzgado en lo Penal Juvenil de turno junto a sus pares Santiago Clavijo y Marta Juárez (FCyS) y el socialista Roberto Birri, insistió: "queremos que la Justicia ordene al Poder Ejecutivo que cumpla y que dé al centro las finalidades que debe tener".
Montero dijo que, en las dos visitas efectuadas al Centro Socioeducativo Complejo Esperanza, en la localidad de Bower (a 12 kilómetros de la capital cordobesa), pudo constatar que "las condiciones edilicias y los recursos humanos son deficientes".
"Es abominable transitar por ese instituto. Los chicos pasan encerrados 20 horas en celdas de cuatro por cuatro, sin ninguna actividad laboral ni educativa que les permita pensar que de allí saldrán mejor de lo que entraron", remarcó la legisladora.
Montero demandó "una fuerte intervención del estado provincial", porque, durante las visitas, "los menores sólo manifestaban que, de dicho centro, salían peor de lo que entraban, y que sólo aprendían que la próxima vez no debían ser atrapados".
El hábeas corpus correctivo, con carácter colectivo (para abarcar a todos los jóvenes alojados), es una acción judicial que tiene por fin proteger los derechos constitucionales cuando se ven vulnerados como consecuencia de las malas condiciones de internación o alojamiento de personas privadas de su libertad.
El complejo, que depende de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia (Senaf), dispone de cinco módulos, donde se encuentran alojados chicos de entre 13 y 18 años, a disposición de los juzgados de Menores y en lo Penal Juvenil.
El sábado pasado a la noche, siete adolescentes de entre 17 y 18 años que estaban alojados en el complejo se escaparon del establecimiento tras romper unas rejas durante el horario de visitas, y hasta el momento sólo uno de ellos fue localizado y aprehendido, pese a la intensa búsqueda policial.
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