Corrupción, Política y Justicia en Colombia

Por Pedro Santana Rodríguez
Agencia Alai Amlatina

Esta semana terminó de ser trasladado el último de los contenedores con las armas entregadas por las FARC-EP a la Misión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas quien informó que en total fueron 8.112 armas largas y cortas y que se han intervenido más de 510 de las 940 caletas que el grupo guerrillero había anunciado. Con ello termina una fase del proceso que contemplaba que hasta el 15 de agosto las FARC, deberían entregar todo el armamento en su poder así como el listado de los bienes que poseen principalmente con destino a la reparación de las víctimas. Este listado detallado ha sido entregado este 15 de Agosto al Gobierno Nacional. Continúa el desmantelamiento de las caletas que el grupo guerrillero ha ubicado ante la misma Misión de la ONU. Este acontecimiento que es de la mayor importancia y trascendencia y que dará paso a la conformación de las FARC como agrupamiento político legal se vio seriamente opacado por dos hechos. Continúa el asesinato de líderes sociales que ya va en 87 en lo corrido de este año lo cual incluye a dos nuevos integrantes de las FARC-EP y los escándalos por hechos de corrupción que ahora como era de esperarse involucran a altos funcionarios del Estado.
 
La implementación de los Acuerdos avanza lentamente. Y los escándalos y el avance de las investigaciones judiciales que comprometen a un grupo de parlamentarios repercute necesariamente en la aprobación de las normas que hagan posible la implementación de los Acuerdos, la hace más lenta y debilita significativamente la coalición parlamentaria que apoya la implementación de los Acuerdos con la aprobación en el Congreso de la República de las normas necesarias para llevar a buen puerto la implementación.
 
Sobre los avances y las dificultades del proceso volveremos más adelante. Ahora queremos concentrarnos en los temas relacionados con la crisis política y de la justicia originada por las investigaciones relacionadas con la corrupción alrededor de las actividades de la corrupta firma brasilera Odebrecht a su paso por el país.
 
La trama de corrupción que la firma Odebrecht había tejido durante los años en que ha operado en el país vino a ser puesta de manifiesto no por las investigaciones de las autoridades colombianas sino por la divulgación a finales del año pasado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y corroboradas a medias por la Justicia Brasilera, que aún no da entrega de los hallazgos de corrupción de esta forma brasilera en distintos países de América Latina y particularmente en Colombia. Quien ha sido más diligente en este caso ha sido el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. La trama de corrupción ha ido quedando al descubierto en la misma medida en que avanzan las investigaciones en los Estados Unidos. Primero fue la divulgación de un documento que detallaba que Odebrecht había entregado 11.1 millones de dólares en coimas para hacerse a los contratos de construcción de la llamada Ruta del Sol tramo II que comunica al centro del país con la Costa Caribe y también para obtener mediante otro si la ruta Ocaña Gamarra sin tener que someterse a una licitación pública. Allí arranca la investigación que en este momento tiene respondiendo a un ex senador liberal Otto Bula, a un ex viceministro, Gabriel García Morales, a varios empresarios que prestaron sus cuentas para legalizar el dinero producto de las coimas y que llegó al Congreso de la República comprometiendo inicialmente a cuatro parlamentarios en ejercicio: los senadores Bernardo Ñoño Elías quien es el único que se encuentra detenido por orden de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Musa Besaile y Antonio Guerra de la Espriella así como el representante a la Cámara por el Norte de Santander, Ciro Rodríguez. Hasta aquí la investigación comprometía a estos funcionarios y empresarios y el funcionario del más alto rango es el director de la Agencia de Infraestructura, ANLA, Luis Fernando Andrade pendiente de un interrogatorio en la Fiscalía General de la Nación que deberá rendir en pocos días. En la Corte Suprema deberán concurrir este viernes 18 de Agosto a interrogatorio las ex ministras Gina Parody y Cecilia Álvarez Correa.
 
El otro componente de la trama es el que compromete a las campañas presidenciales de los años 2010 y 2014. Las responsabilidades por la primera campaña, la de 2010, ya precluyó o sea que quedaron en la impunidad y las responsabilidades por la segunda campaña avanzan a paso de tortuga en un desprestigiado e ineficiente Consejo Nacional Electoral que dada la presión de los medios de comunicación y de la opinión pública apenas ha abierto investigación a la campaña uribista y tiene respondiendo por la misma al candidato de este sector político, Oscar Iván Zuluaga. Allí el cargo de mayor peso consiste en que la firma Odebrecht habría pagado al publicista José Eduardo Cavalcanti Mendoza, popularmente conocido como Duda Mendoza, un poco más de dos millones de dólares para la asesoría a la campaña de Zuluaga. En Colombia está prohibido el financiamiento de empresarios extranjeros a las campañas políticas. Aún el Consejo Nacional Electoral no decide si abre investigación a la campaña de Juan Manuel Santos mientras los días corren y los tiempos son limitados. Como queda al descubierto en Colombia y en otros países de América Latina como el Perú, Odebrecht tenía como una línea de corrupción para hacerse a la contratación pública el financiamiento de las campañas electorales a los candidatos que pudieran alzarse con la victoria en los procesos electorales. Igual financiaban a los opositores o a los gobiernistas. Si tenían chance de ganar se les financiaba con largueza. Al fin y al cabo lo que estos inescrupulosos empresarios buscaban era asegurarse los contactos y los futuros favores de los gobernantes electos como sucedió en Colombia para ganar la licitación de la navegabilidad del Rio Magdalena o el otro sí ya comentado de la vía Ocaña Gamarra. Era simplemente una inversión sin riesgo y este riesgo era disminuido si al mismo tiempo se financiaba a opositores y gobiernistas.
 
Un giro inesperado a las investigaciones lo aportó nuevamente el Departamento de Justicia de los Estados Unidos quien es la locomotora detrás de la Fiscalía General de la Nación en estas investigaciones. Como se sabe la DEA y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos decidieron acoger en Miami al corrupto ex gobernador del departamento de Córdoba, Alberto Lyons Muskus (2012-2015) a quien la Fiscalía había abierto un proceso por corrupción con más de 20 señalamientos y también la fiscalía ha buscado esclarecer el asesinato no aclarado de un funcionario encargado de manejar las regalías en dicho departamento (Jairo Zapa) ocurrido en marzo de 2014. En este proceso el hoy detenido ex fiscal nacional anticorrupción, Luis Gustavo Moreno habría solicitado una coima de unos 200 mil dólares a Lyons para influir en el proceso y dicha negociación y la entrega de 10 mil dólares en efectivo se hizo precisamente en Miami. Estas pruebas las remitió el Departamento de Justicia a la Fiscalía Colombiana y con base en estas pruebas Moreno fue detenido y esta ad portas de la extradición a los Estados Unidos. En esas indagaciones y en el proceso de negociación de Lyons con Moreno y con otro abogado que era su socio, Leonardo Pinilla, Lyons pregunta que garantías tiene que su proceso realmente pueda ser resuelto a su favor y allí es en donde Pinilla le asegura que Moreno tiene gran influencia y control sobre la Sala Penal de la Corte y pone como ejemplo de dicho poder los casos de Musa Besaile, senador ya mencionado en la trama de corrupción de Odebrechet, el proceso archivado a Hernán Andrade, senador y actualmente presidente del Partido Conservador por supuestamente haber recibido unos 240 millones de pesos para su campaña provenientes del desfalco a Cajanal entidad pública de pensiones para los empleados públicos y el proceso por parapolítica del exgobernador de Antioquia, Luís Alfredo Ramos, proceso aún pendiente de decisión en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. En esta conversación Pinilla señala que los aliados de Moreno en la Corte en estos procesos fueron los ex presidentes de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos y Francisco Javier Ricaurte, a quienes el Departamento de Estado de los Estados Unidos les canceló sus visas para ese país. Así mismo menciona a Tarquino Pacheco quien también fue presidente de este que es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria en el país.
 
La Fiscalía recibió el acopio de pruebas por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y de inmediato asumió la investigación en contra de los mencionados en estos documentos y remitió a la Corte Suprema de Justicia la documentación para que la Corte asuma las investigaciones contra los parlamentarios mencionados que en este caso que son Musa Besaile, el senador más votado del Partido de la Unidad Nacional que es el partido del presidente Santos y el mayoritario de la coalición de gobierno, el presidente del Partido Conservador, Hernán Andrade y el ex gobernador de Antioquia y pretendido precandidato de la futura coalición del uribismo con el conservatismo, Luis Alfredo Ramos. Así mismo la ineficiente y cuestionada Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes deberá asumir la investigación de los expresidentes de la Corte Suprema Leonidas Bustos y Francisco Javier Ricaurte. A los demás deberá investigarlos la Fiscalía General de la Nación.
 
La crisis de la justicia en el país no es un fenómeno coyuntural sino estructural. Este fenómeno no ha podido ser resuelto. Aquí la justicia es abiertamente clasista y como reza el dicho popular solo funciona para los de ruana, es decir, en contra de los humildes. Hay un atosigamiento enorme con unos tres millones de casos que no avanzan. La Fiscalía es un enorme aparato con más de 26 mil funcionarios fuertemente penetrado por las estructuras criminales y por la corrupción. La arquitectura institucional y la forma como se conforman las altas cortes de la Justicia y principalmente el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia han hecho agua. Los candidatos a estos organismos son postulados por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura compuesta por seis magistrados que son elegidos para un período de ocho años dos por la Corte Suprema de Justicia, uno por la Corte Constitucional y tres por el Consejo de Estado. En sus ya 26 años de funcionamiento este organismo quien debería garantizar la independencia y probidad de la rama judicial lo que ha hecho es profundizar el clientelismo judicial, no se ha dotado de procedimientos y reglas claras para las postulaciones y mucho menos para la trasparencia en la conformación de los listados con los más honestos y capaces. Y un hecho adicional es que a los magistrados de las Altas Cortes solo los investiga la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes con lo cual se garantiza la impunidad en sus actuaciones. Todas las reformas que se han tratado de implementar para conformar un organismo técnico e imparcial para que aboque las investigaciones han fracasado. La última aprobada en el año 2014 naufragó en la Corte Constitucional. En estas circunstancias solo una presión desde la sociedad civil y desde los medios de comunicación hará que las investigaciones en contra de Leonidas Bustos y Francisco Javier Ricarte avancen. Entre tanto la crisis de la justicia avanza y se profundiza. Este es un tema crucial para avanzar en la construcción de una paz estable y duradera. Por ello a los enemigos del proceso de Paz no les gusta que un grupo independiente de electores sea el que nombre los jueces del Sistema Integral de Justicia para la Paz. Y el reto enorme es que esta jurisdicción se convierta en un ejemplo de lo que habría que hacer en el conjunto del sistema judicial del país.
 
Pedro Santana Rodríguez: Director Revista Sur

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