Jueves  17 de Agosto en Carlos Paz, Córdoba, Argentina

Luis Fanchin: "La ley 10461 es inconstitucional y atenta contra el derecho de los trabajadores"

Por Facundo Piai y Ernesto Roland para Iniciativa Política.

Luis Fanchin: "La ley 10461 es inconstitucional y atenta contra el derecho de los trabajadores"
Luego del paro de los delegados de UTA, donde el servicio se vio afectado durante más de una semana y la ciudadanía se crispó por la falta de transportes, el oficialismo provincial elevó un proyecto de ley para regular el campo de acción sindical y mostrarse fuerte frente al sindicalismo de cara a las elecciones. Los 57 votos afirmativos gracias al apoyo de los legisladores de UPC, UCR y el Pro, fueron suficientes para aprobar una ley polémica que reglamenta la prestación de los servicios esenciales en Córdoba. Esta ley, la 10461, es rechazada por todo el arco sindical, que ya se movilizó en su contra.

Para arrojar luz sobre tanta confusión, desde Iniciativa Política, Facundo Piai y Ernesto Roland entrevistaron a Luis Fanchin, abogado laboralista de la UEPC y ADIUC. La ley 10461 pasa por alto leyes nacionales, artículos constitucionales y convenios internacionales a los cuales nuestro país suscribe, sostiene Fanchin. Por caso la OIT (Organización Internacional del Trabajo) estipula en su convenio N°87 que  "son solo cinco los servicios que pueden ser objeto de regulación, lo que implica que deben mantener una prestación mínima en caso de reclamo, ellos son: el agua, la luz, el gas, la salud, la seguridad y el control del tráfico aéreo, el resto es materia de que los trabajadores pueden hacer en su lucha por conseguir un mejor reparto de la torta”.

El experimentado abogado laboralista afirma que esta ley busca dificultar los medios de lucha del movimiento obrero. Desde allí se explica el rechazo que suscitó en los sindicatos. La nueva norma, al no especificar qué es considerado un servicio esencial, no afecta  solo a los trabajadores del transporte, ya que podría aplicarse en cualquier actividad. En ese sentido, Fanchín señala que "la limitación de los derechos nunca tiene que ser tan amplia como para decir que cualquier cosa es servicio esencial”. Resulta evidente que esta iniciativa va en consonancia con el clima social y político implantado por el gobierno nacional. Este ataque a los derechos de protesta de los trabajadores se inscribe en la tentativa CEOcrática de bajar el salario y flexibilizar las condiciones de trabajo.

Iniciativa Política: Frente a la iniciativa del gobierno de la provincia de Córdoba de dictaminar al transporte como servicio esencial usted hizo público un documento en donde cataloga al proyecto de ley como un "mamarracho jurídico”, ¿cuáles son las inconsistencias legales que presenta la ley?

Luis Fanchin: No se trata de limitar solo el transporte, la ley en el artículo 2 habla del transporte como un servicio esencial. Sin embargo, en el artículo 1 el proyecto marca como servicio esencial no solo el transporte, sino que también el empleo público y todo lo que afecte a "el goce de los derechos constitucionales a la vida”. Es decir que es mucho más amplio que el transporte. Indudablemente el resorte ha sido esta cuestión mediática ahora  introducida por las circunstancias que todos conocemos por el tema del transporte, pero esta ley presenta una limitación general al derecho de huelga. Hay dos aspectos principales, la legislatura provincial no puede reglamentar el régimen laboral, eso es materia reservada del congreso federal. Por lo tanto la legislatura de la provincia no puede al respecto reglamentar ni decir nada. Tomarse esas atribuciones es una barbaridad. Los legisladores que lo han votado y quienes redactaron este texto, con el perdón de sus personalidades, son unos brutos, unos ignorantes. Esta normativa no es compatible con nuestro sistema jurídico.

No pueden legislar en materia laboral, salvo, como digo irónicamente en el documento al cual haces mención, que primero declaren la independencia de Córdoba. Si la provincia se independiza y denuncia los tratados internacionales… ahí sí podemos hacer nuestra propia ley de trabajo, nuestro propio código civil, entre otras cosas. Por tanto, esta ley es hilarante.

El proyecto que propone Schiaretti no es una ley, es una reacción leyendo las encuestas. La sociedad está mal, y es lógico que lo esté, por un conflicto con el transporte muy sufrido por amplios sectores de la población, pero así no se hacen las leyes. Así no se gobierna. No se puede gobernar con lo que dicen las encuestas o los focus group, y sacar una legislación en función de eso. Esto es un absurdo, es la anti política. Un país, una provincia o un municipio, se gobierna con determinados ejes, principios u objetivos, aunados a una cosmovisión rectora.

IP: Mas allá de las cuestiones técnicas y las inconsistencias que presenta esta ley que acabas de mencionar, ¿consideras que sumado a las incompetencias jurídicas también atenta contra el derecho colectivo de trabajo?

LF: Esto atenta contra el derecho de los trabajadores, porque el contrato de trabajo no es un resultado de una obra generosa de algún dirigente o de algún presidente que alguna vez otorgó algún derecho, no. El contrato de trabajo es consecuencia de la lucha de los trabajadores. Los trabajadores lograron los beneficios del contrato de trabajo, lograron todo lo que tenemos en base, justamente, a ser un factor social que lo crea. Una de las herramientas más importantes para poder lograr los beneficios del trabajo es precisamente la fuerza que se manifiesta mediante el derecho de huelga. Y esta ley se propone limitar el derecho de huelga en una forma excesiva.

Porque lo que los trabajadores no ganan lo gana el empresario. El empresario gana acumulando plusvalía. El capital se forma con el trabajo acumulado. La ganancia del empresario es el sueldo aminorado del trabajador. El trabajador produce y el empresario se queda con una parte de esa ganancia. Lo que hace el trabajador consiste en cambiar la ecuación, que es disputar parte de la ganancia del empresario, eso menos que gana el empresario es el salario del trabajador. El aumento del salario es, simplemente, una disminución de la ganancia  del empresario. Es una mejor distribución de la plusvalía. Lo que hacen siempre los trabajadores cuando pelean por mejores salarios es disminuir los ingresos de los empresarios. Ese es el juego en el capitalismo. Mientras el capitalismo exista persiste esta tensión entre el capital y el trabajo, y tiene que existir.

IP: ¿Entonces podríamos decir que esta ley, al dificultar los instrumentos que tiene el campo sindical para reclamar por mejores salarios, beneficia indirectamente a la concentración de la renta empresaria?

LF: Particularmente,  esta ley lo que hace es limitar la capacidad de los trabajadores de exigir mejores condiciones para ganar más. En definitiva, limita a los trabajadores  en su capacidad de limitar la ganancia de la empresa. En consecuencia, presenta una mejor situación para los empresarios ya que debilita la capacidad de acción de los trabajadores organizados, quienes tendrían peores condiciones legales para pelear por su salario, una vez aplicada esta legislación.

IP: ¿Qué ocurriría en caso de que sea el parlamento nacional quien impulse una legislación de este tipo, teniendo en cuenta que está en la agenda del gobierno nacional hacerlo, sin ir más lejos lo intentaron mediante una sesión extraordinaria esta semana y quedaron en el intento por falta de quórum?

LF: Eso ya se probó en la época de Menem, donde hubo una ley limitativa de los derechos de huelga y se consideró al transporte y educación como derechos esenciales, la cual duró lo que dura un rayo en una tormenta. La oposición de las fuerzas sociales y del sistema judicial hizo que esa legislación quedara derogada en un lapso relativamente muy corto, duró solo algunos meses. Limitar el derecho de los trabajadores de pelear por mejores condiciones de trabajo, por lo menos hoy, dentro de la cosmovisión que nosotros tenemos es un imposible.

Podrá hacerlo hoy este gobierno reaccionario que está manejado por los ceos. De ser así debiéramos nosotros obrar en consecuencia. Porque el movimiento sindical de Argentina, que tiene más de 150 años, es presente y, también, somos futuro. Se dice que estamos en crisis, y sí, siempre el movimiento obrero ha estado en crisis porque, precisamente, somos una cosa viva. La crisis no está en los cementerios, pero sí está en los organismos vivos. El sindicalismo va a reaccionar sobre esto con mayor o menor éxito, pero no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir una medida como esta más de dos meses. Durará lo que sobrevive una flor de cactus.

IP: Hace pocos días atrás el presidente Macri denostó fuertemente a un colega suyo, me refiero a las declaraciones sobre Héctor Recalde, quien, según el presidente, sería la cabeza de la "mafia del juicio laboral”, ¿qué opinión le merecen estas declaraciones?

LF: Primero, decirme que soy colega de Recalde realmente me enorgullece. Recalde es uno de los maestros que tiene hoy el derecho laboral en Argentina. Estas declaraciones son típicas de un patrón de estancia. Recalde es un abogado, un político, además es abogado de la CGT, es una persona dedicada sobremanera a la defensa de los derechos laborales. Ocurre que siempre uno encuentra en los pasillos de tribunales a patrones que no cumplen las leyes, que esquivan las normativas, patrones que explotan a los empleados y dicen que la culpa la tenemos los abogados. Estamos acostumbrados a que los patrones digan barbaridades de nosotros porque hacemos que ellos cumplan las leyes y también sobre la rama del derecho que ejercemos la cual busca un trato justo entre las partes y pone límites a las intenciones inescrupulosas.

Quien denostó de este modo a Hector Recalde pareciera ser que no sabe o no le importa la envestidura presidencial y dice cualquier barbaridad. Más que como presidente, con este agravio, se ha comportado como uno de esos empresarios que evaden impuestos, explota a sus trabajadores, fuga la ganancia y se ofende con el derecho laboral al ser la barrera que dificulta su deseo de acumulación.

Me da vergüenza que un presidente de nuestro país actúe de este modo. Después dicen que son republicanos, habría que informarle, porque es muy posible que lo desconozca, que el republicansimo deviene de Montesquieu y el principio de los tres gobiernos, lo cual implica la división de poderes. División de poderes que desde el oficialismo nacional no respetan al marcarle la cancha a la justicia o someter al escarnio público a un colega que es consabidamente íntegro.
 
Original en: http://iniciativapolitica.com.ar/?p=666
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